PRONUNCIMIENTO DEL 5° PLENO ORDINARIO DEL VII CONSEJO NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA
En la Ciudad de México, D.F. reunido el 5° Pleno Ordinario del VII Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, los días 26 y 27 de septiembre de 2009 en las instalaciones de la EXPO REFORMA, sito en la calle de Morelos no. 69da Ventura Puente esq. Av. Camelinas Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por los Artículos 17° numerales 1), 2), 3), 4), inciso s) y numeral 5), del Estatuto vigente; y los artículos 1 ° inciso j), 22° numeral 7 inciso c), numeral 8 inciso d), numeral 9 inciso a), del reglamento de órganos de dirección y,
CONSIDERANDO
Que en tan sólo una década México se ha convertido en uno de los países con mayor índice de violencia en el mundo. Actualmente nos encontramos en el lugar número 16 de un listado de 115 países con más altos niveles de violencia. Incluso naciones como Nicaragua, el territorio Palestino, India, Uganda, Siria y Líbano que tuvieron conflictos armados, reportan homicidios inferiores a los de México.
Nuestro país ocupa uno de los primeros lugares con mayor número de secuestros, tan sólo de enero a junio de este año se han denunciado en la República Mexicana 611 plagios, en promedio 3.3 cometidos diariamente.
En lo que va de la actual administración federal del 1º de diciembre de 2006 a agosto de 2009 se han registrado más de 15 mil ejecuciones, 33 homicidios contra periodistas y al menos 478 agresiones contra comunicadores sin mencionar las miles de mujeres víctimas de feminicidio.
La violencia y la presencia del crimen organizado representan como tendencia general una potencial amenaza contra la integridad física y patrimonial de las personas. El homicidio, las ejecuciones, los secuestros, el narcotráfico y el robo han rebasado la capacidad de las instituciones del Estado encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia.
En los últimos 15 años los criterios que han definido las políticas públicas en materia de seguridad y procuración de justicia a nivel nacional, han pasado de la complicidad y las componendas a una falsa lucha mediática contra el crimen que sólo sirve para disfrazar la instauración de un Estado represor y autoritario que ejerce la violencia institucional como mecanismo de control y de permanencia en el poder.
Los gobiernos priístas y panistas sólo han propiciado un clima de corrupción e impunidad sin precedentes, únicamente 12 de cada 100 delitos son denunciados, sólo 26 de ellos tienen averiguaciones concluidas y 55 presentan consignados, lo cual significa que el 98.3 por ciento de los delitos en nuestro país quedan impunes.
La incapacidad del gobierno actual para hacer frente a los retos en materia de inseguridad implica en retroceso en la defensa de las garantías constitucionales y de los derechos fundamentales del pueblo de México. La tendencia de la seguridad pública nacional está claramente delineada por políticas de militarización en actividades civiles, por el incremento irracional de las penas, por la asignación desmesurada de atribuciones a las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y a los ministerios públicos, así como por nombramientos de funcionarios señalados por la sociedad civil organizada y de Derechos Humanos como transgresores de la ley y/o represores.
En este sentido, respaldamos el rechazo reflejado en la votación y en los argumentos esgrimidos por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, al nombramiento de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República a propuesta de Felipe Calderón.
Es lamentable que el titular del Ejecutivo federal no haya escuchado los reclamos y posturas de las organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres, niñas, académicos, organizaciones sociales y de las propias madres y familiares de las víctimas de Ciudad Juárez, quienes en una histórica confluencia de consensos manifestaron su rechazo a este nombramiento.
Una vez más el PRI garantiza al Ejecutivo federal y a la derecha más recalcitrante y conservadora de este país, los votos necesarios para imponer a la sociedad mexicana el nombramiento de una persona que a todas luces no cumple con los requisitos establecidos por nuestra constitución.
Tales rasgos autoritarios favorecen el incremento de la violencia contra las mujeres, la impunidad en los feminicidios cometidos en toda la República Mexicana, las agresiones y homicidios contra militantes perredistas y la violación flagrante de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.
Es por ello que en el Partido de la Revolución Democrática consideramos:
- La necesidad de un cambio estructural en el diseño y aplicación de las políticas públicas en materia de seguridad y procuración de justicia, así como el respeto de los derechos humanos de todas las personas.
- La importancia de implementar acciones políticas y sociales que promuevan el acceso a la justicia y rechacen todo tipo de violencia.
- La exigencia de la sociedad en general para vivir en un país libre de violencia, en el que se hagan efectivas las garantías constitucionales y se respeten los derechos fundamentales.
- El requerimiento de una política de readaptación social eficiente, que facilite la integración y la cohesión de nuestra sociedad.
- La demanda de justicia y seguridad para las mujeres y los grupos sociales en mayor situación de marginalidad.
Y la parte que adquirió más modificaciones y que es producto ya de un consenso.
Por lo anteriormente expuesto se:
RESUELVE
PRIMERO. Demandar que cesen los atropellos del gobierno federal a la soberanía de los estados y a la autonomía de los municipios y se dé curso a un trabajo de verdadera coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno en la lucha contra la violencia y la persecución del delito, con respeto a los derechos humanos y a las garantías constitucionales.
SEGUNDO. Exigir la inmediata implementación de la Ley del Sistema de Seguridad Pública.
TERCERO. Exigir así mismo la fiscalización patrimonial de los sectores público y privado que permitan el desmantelamiento del crimen organizado.
CUARTO. Demandar trasladar las funciones de la Secretaría de la Función Pública a la Auditoría Superior de la Federación. Esto es muy importante porque tiene que ver con la siguiente propuesta de reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública para la fiscalización de las funciones de las y los servidores públicos, con el objetivo de evitar la corrupción que ha generado la protección de los cárteles ilegales que operan en nuestro país.
QUINTO. Demandar también al gobierno federal y a los gobiernos estatales hacer cumplir la garantía constitucional de libertad de prensa, así como investigar y castigar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y agresiones cometidos contra periodistas y comunicadores.
SEXTO. Urge al gobierno federal para que a través de los organismos correspondientes, presente un diagnóstico nacional confiable en materia de seguridad pública, con el objetivo de erradicar las causas profundas de la violencia en México, que son la pobreza, la injusticia, la desigualdad y la corrupción, por tanto lo insta a que establezca y desarrolle una política de prevención del delito basada en la promoción de la educación, la salud y el trabajo. La requiere así mismo un especial énfasis en la prevención de la violencia infantil y de adolescentes.
SEPTIMO. Hacer un llamado a las instituciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia, para que cesen las constantes violaciones a los derechos humanos de la población y se garantice a ésta el acceso expedito a la justicia.
OCTAVO. Reprobar los repetidos y crecientes abusos y agresiones cometidas por militares contra la sociedad civil y exige que los responsables de tales acciones ilegales sean encauzados por la justicia civil, para evitar que se refugien en el ámbito de impunidad que actualmente los protege. ¿Saben cuál es el ámbito de impunidad? Que es su régimen especial para ser encauzados por la justicia militar.
NOVENO. Expresar su repudio, como lo hizo la bancada del PRD en el Senado de la República, al nombramiento por Felipe Calderón de Arturo Chávez Chávez como procurador de la República, quien como procurador de justicia del estado de Chihuahua dejó de cumplir con su obligación de perseguir y detener a los responsables de numerosos y condenables feminicidios en esa entidad.
DECIMO. Llamar por tanto a mantener la exigencia del esclarecimiento y castigo de los autores, tanto de los asesinatos de mujeres como de periodistas y de luchadores sociales y políticos, así también a continuar la lucha por la sustitución del actual procurador y por dar cauce a la reforma constitucional que establezca la autonomía de la máxima instancia de la procuración de justicia en México.
DECIMO PRIMERO. Se demanda a los legisladores de nuestro partido en el Congreso de la Unión para que ahí concreten la reforma integral de seguridad y procuración de justicia.
Así lo resolvió el 5° Pleno Ordinario del VII Consejo Nacional, efectuado los días 26 y 27 de septiembre de 2009.
“DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS”
POR LA MESA DIRECTIVA DEL VII CONSEJO NACIONAL
José Camilo Valenzuela
Presidente
Norma Ruth Miranda González Rogelia González Luis
Vicepresidenta Secretaria-vocal
Miguel Pavel Jarero Velázquez Martina Rodríguez García
Secretario-vocal Secretaria-vocal
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